El Gobierno peruano expulsó el domingo 2 de agosto a tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, luego de que cumplieran una condena de ocho años en el país. Los expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, alias “Catire”; Rodysnimel Alcántara Brito, alias “Rody”; y José Zorrilla Velásquez, alias “Rafa”. De acuerdo con la información oficial recogida por medios nacionales, los extranjeros fueron trasladados en una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea del Perú hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas. La medida se ejecutó después de cumplir sentencias por tenencia ilegal de armas y delitos contra la tranquilidad y la salud pública. El caso fue presentado por el Ejecutivo como parte de una política más estricta frente a extranjeros condenados por delitos graves. Sin embargo, más allá del operativo, el punto central será comprobar si estas acciones tendrán continuidad dentro de un sistema capaz de coordinar a Migraciones, Policía, Cancillería, Fuerzas Armadas y autoridades penitenciarias. La expulsión marca una decisión concreta frente a personas ya condenadas, pero también abre una pregunta de fondo: si el Estado podrá evitar que estas medidas queden solo como respuestas aisladas. La eficacia se medirá en controles fronterizos, información transparente y capacidad para impedir que redes criminales vuelvan a operar en el país.