El caso que encendió las alertas ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde un examen de admisión virtual registró una cantidad inusual de puntajes casi perfectos, lo que generó sospechas de uso indebido de IA. Como respuesta, las autoridades dispusieron repetir la evaluación de manera presencial a más de 50.000 postulantes y cancelaron anticipadamente un contrato superior a los cuatro millones de dólares con la empresa encargada de aplicar la prueba. El episodio dejó expuesta una pregunta que trasciende a México: ¿qué tan preparados están los sistemas educativos para verificar que los resultados académicos correspondan realmente al esfuerzo y conocimiento de los estudiantes? La preocupación se extiende a las aulas. Un estudio realizado en Francia entre jóvenes de 18 a 25 años encontró que cerca del 60 % había utilizado IA para hacer trampa en evaluaciones, mientras que la UNESCO advierte que 58 % de los países ya cuenta con restricciones al uso de teléfonos móviles en las escuelas. A ello se suma el riesgo de que los estudiantes deleguen en herramientas digitales procesos esenciales como leer, imaginar, investigar y desarrollar argumentos propios. En este escenario, el problema no parece limitarse a prohibir dispositivos, sino a determinar bajo qué reglas, objetivos pedagógicos y mecanismos de supervisión debe incorporarse la tecnología. El debate también alcanza a las universidades y a los docentes. La IA puede facilitar la planificación, personalizar contenidos y apoyar tareas académicas, pero también plantea interrogantes sobre privacidad, uso de datos, sesgos algorítmicos y concentración del poder tecnológico en grandes empresas. En América Latina, donde persisten brechas de acceso y capacidades institucionales desiguales, la incorporación acelerada de estas herramientas podría ampliar esas diferencias si no existen políticas públicas, criterios de transparencia y mecanismos efectivos de fiscalización. El desafío, por tanto, no consiste únicamente en decidir si la IA debe entrar o salir de las aulas, sino en establecer quién controla su uso, cómo se evalúa su impacto y qué responsabilidades asumen instituciones, docentes, empresas y estudiantes. Mientras las herramientas evolucionan con rapidez, los sistemas educativos deberán demostrar si pueden adaptarse sin sacrificar el pensamiento crítico, la formación ética y la interacción humana que sostienen el aprendizaje. El resultado de esa adaptación marcará si la IA termina siendo un apoyo educativo o una nueva fuente de desigualdad y dependencia tecnológica.